Así lo detalló el Gobierno en su última memoria presentada ante la comisión nacional de valores de los Estados Unidos. En esta lista aparecen casos muy diversos, algunos con sentencia y otros en vía de resolución. Entre otros, hay 30 casos con fallos favorables a los holdouts que no entraron a los canjes del 2005 y 2010 por la deuda en default del 2001, por un total de USD 898 millones. Otro grupo (Palladian Partners, Ape Group, Adona y Hirsh Group, entre otros) aportan conflictos por USD 908 millones, por la disputa en torno del cupón ligado al PBI, ya que los demandantes aseveran que, durante la intervención del Indec en el kirchnerismo, fueron perjudicados por la subestimación del crecimiento económico. Por otro lado, Petersen Energía pide USD 7.500 millones y Eton park USD 898 por casos referidos a YPF, según el cuadro presentado por el Gobierno en Nueva York. Otros casos son los del (Ciadi), con 6 casos con fallo adverso al país por USD 804 millones y 5 casos en curso por USD 2.950 millones. Además, en ese ámbito se negocia un acuerdo a partir de un fallo adverso al país por USD 200 millones con el acreedor.   Aunque merezcan menos atención pública que en el pasado, las deudas pendientes de la crisis del 2001-2002 siguen provocando dolores de cabeza en los sucesivos gobiernos, que no terminan de resolverlas.   En 2014 el país sufrió otro revés cuando optó por no pagarle a un grupo de fondos buitre que habían logrado una sentencia favorable en segunda instancia, que quedó firme porque no fue abordada por la corte suprema de ese país. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri arregló con la mayoría de esos acreedores, pero quedó un grupo que, hasta la actualidad, sigue pidiendo cobrar, pese al canje del 2020 que logró la aceptación de la mayoría de los inversores.   Los desmanes y mal deciciones económicas que durante los sucesivos gobiernos Peronistas vienen provocando al país desde el año 1989 hasta la fecha no se pueden ocultar por más que quieran echarle la culpa a otros gobiernos.